En torno a los detractores del proyecto referenciándose en los costos que implica dicha reforma, Real fue tajante: "Argumentar cuestiones que tiene que ver con los cuesta una elección forma parte de la antipolítica Lo que debe primar es la necesidad de aggionarse. Somos la última provincia del país con respecto a sus constitución. De haber sido progresistas con la constitución de 1921 del gobierno de Luciano Molinas y de 1962 de haber tenido una constitución de vanguardia. Hoy tenemos la necesidad de una reforma que no admite mas demora".
"Este debate lo tienen que asumir los ciudadanos, hay cuestiones que ya no admiten dilaciones. Tenemos que establecer la autonomía en la Constitución, y los legisladores tenemos que estar abocados a mejorar la calidad institucional", planteó el legislador y apuntó sobre que, "estamos hablando de una reforma que nos va a regir 40, 50 0 60 años y su marco normativo va a ser fundamental porque es establecer la norma madre".
En tanto, " establecer la autonomía implica que una ciudad va a poder generar su impronta de desarrollo con la tranquilidad de poseerla porque la Constitución lo dice y no por una ley que mañana puede ser cambiada por otra", concluyó.
Sobre la intervención del Partido Justicialista: el Partido Demócrata Progresista rechaza esta decisión
Desde el Partido Demócrata Progresista de la Provincia de Santa Fe "nos manifestamos absolutamente en contra" de la medida dispuesta por la Jueza María Romilda Servini, quien dispuso la intervención del PJ. "No creemos suficiente el desarrollo de los argumentos del texto, para poner en acción una medida que entorpece la vida de un partido político", agregaron.
La Jueza dispone que se designe como interventor al gremialista gastronómico Luis Barrionuevo, le ordena realizar un inventario de bienes muebles e inmuebles e informar sobre la situación económica financiera. Dentro de los argumentos que se exponen en el fallo, se detallan consideraciones políticas que “avalan” la decisión:
Resulta necesario forzar la memoria a efectos de poder encontrar una crisis política e institucional como la que afecta al Partido Justicialista de orden nacional en la actualidad", sostiene la Jueza. Alude a "los adversos resultados electorales obtenidos" en las elecciones de 2015 y 2017 y afirma que las derrotas de esos comicios "han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación" y "han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar". La Jueza también advierte que en las elecciones del año pasado "reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes de los que el Justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones [...] que compitieron contra el partido fundado por el general Perón”. Establece que Barrionuevo "desempeñará funciones" como interventor hasta que se normalice el partido y "tendrá como misión producir los actos necesarios" para avanzar hacia esa normalización.
"Nos solidarizamos con la conducción del PJ, a cargo de José Luis Gioja, y esperamos que la apelación a este fallo sea aceptada. Este no es el camino para el cuidado de la institucionalidad que tanto pregonan algunos dirigentes. Percibimos en la decisión la mano de la política en la justicia; algo que nos dijeron algunos que venían a saldar. Cuando se está a favor de las instituciones, se repudian las injusticias; vengan de donde vengan y sean para quienes sean. Pertenecemos a un Partido Político y no somos ajenos a este malestar", puntualizaron desde el PDP