La jueza que ordenó el freno en las obras es Gladys López de Pereyra, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de San Lorenzo, quien aprobó la cautelar solicitada por las comunas de Oliveros, Timbúes, Correa, Lucio V. López, Andino, Bustinza, Serodino y La Ribera. La magistrada instó a no innovar hasta “poder determinar la incidencia en el río” de la realización del canal.

El gobierno provincial fue notificado de la decisión el martes y se le otorgó un plazo de 48 horas para detener la obra, y se fijó una fecha (el viernes 11 de septiembre) para que los funcionarios pertinentes concurran y presenten informes que determinen cómo afecta la obra a las localidades ubicadas río abajo, en la cuenca del Carcarañá.

“Simplemente, ordené una cautelar hasta poder determinar si tiene incidencia en la crecida del Carcarañá en Oliveros, porque yo no lo sé. Tampoco se quien hizo el canal, pero el sábado lo vi que está al costado de la ruta 92. Lo que queda claro es que no me voy a meter con una obra que no es de mi jurisdicción hasta que se evalúe sobre la posible crecida del Carcarañá en Oliveros, que sí está en mi jurisdicción”, explicó la jueza López de Pereyra en declaraciones a Radio Casilda.

EL Argentino Rosario