La solicitud, compartida con el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (CESyAC), fue presentada al ministro de Economía de la Nación, Axel Kiciloff; al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez: al titular de la Secretaría de Comercio Interior, Augusto Costa, así como a diputados y senadores nacionales.

La propuesta en 4 puntos

La iniciativa, presentada a modo de “Precios Cuidados para Alquileres”, se basa en cuatro puntos:

- Para los alquileres de viviendas de uso familiar, un ajuste anual del 20% como nivel de referencia para el mercado inmobiliario.

- Para los alquileres comerciales un ajuste de hasta un 25%.

- Que el primer contrato con el nuevo locatario no pueda superar el 15% al finalizado, sumando al mismo el ajuste anual de un 20% ó un 25% según corresponda el contrato como se propone en los puntos 1 y 2.

- Que para el alquiler de viviendas familiares no se contemple la obligación de contar con una garantía propietaria, y se pueda cubrir con recibos de sueldo de trabajadores con una determinada antigüedad.

Fundamentos

Fundamentan tal solicitud en que los aumentos que en nuestra región, por citar un ejemplo cercano, están superando el 35% ó el 40%, o en casos de contratos nuevos el 100%, no tiene ninguna relación con el esquema de precios del sector, ni con los índices al consumidor. Tampoco ninguno de estos incrementos se sustenta en análisis económico alguno que contemple la posibilidad de lograr pleno alquileres de las unidades inmobiliarias disponibles, en caso de insistir con esta tendencia alcista.

En las notas de referencia, además, se considera fundamental la implementación de medidas que conduzcan a sostener el empleo, el consumo y también el buen ritmo del sector inmobiliario que, sin lugar a dudas, ha sido uno de los rubros de la economía que más se han visto favorecidos en los últimos 10 años.

Todo esto, sin perjuicio de sostener que el Congreso Nacional por iniciativa propia, o el Poder Ejecutivo Nacional a través de un Mensaje, deben promover una modificación y actualización de la Ley Nº 23.091 de Alquileres, que data del año 1984.

Es de su conocimiento los comportamientos especulativos a los cuales recurren, en numerosas ocasiones, los distintos actores del sector inmobiliario. El aumento injustificado y sobrevaluado de los precios de alquileres está impidiendo a comercios y familias, poder seguir realizando su actividad económica o poder acceder a una vivienda digna, aunque sea mediante un contrato de locación. Con esta consecuencia, también se están perdiendo fuentes de trabajo de aquellos empleados mercantiles que observan el cierre del negocio en el que trabajan por el aumento inusitado de los alquileres que abona el comerciante.