El fallecimiento de Pedro Alberto “Pili” Rodríguez, condenado y procesado en causas por delitos de lesa humanidad, generó un fuerte pronunciamiento del Espacio por la Memoria del Cordón Industrial, que denunció que el exfuncionario de la última dictadura militar murió sin responder ante la Justicia por la totalidad de los crímenes que se le atribuían.

A través de un comunicado, la organización sostuvo que la muerte de Rodríguez constituye un nuevo caso de “impunidad biológica”, al recordar que varias investigaciones vinculadas al terrorismo de Estado en la región permanecen paralizadas desde hace años.

Rodríguez había sido condenado en 2013 a ocho años y seis meses de prisión por el secuestro y las torturas sufridas por Manuel Casado durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, los organismos de derechos humanos remarcaron que el exfuncionario falleció sin ser juzgado por otras causas vinculadas a desapariciones y asesinatos ocurridos en el Cordón Industrial.

Según el comunicado, durante la década de 1970 Rodríguez militó en la Juventud Peronista y se desempeñó como asesor técnico del entonces intendente de San Lorenzo, Luis Reynaldo Vivas. Tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, continuó formando parte de la estructura municipal intervenida por las autoridades militares, donde ocupó cargos jerárquicos y, de acuerdo con las denuncias históricas, habría aportado información utilizada para identificar y perseguir a militantes políticos y trabajadores de la región.

Con el retorno de la democracia, Rodríguez desarrolló actividad política e institucional. Fue secretario de la Municipalidad de San Lorenzo durante la gestión de Armando Traferri y posteriormente se desempeñó como diputado provincial por el Partido Justicialista.

Los organismos recordaron además que en 2010 el Concejo Municipal de San Lorenzo rechazó aprobar su diploma para asumir una banca legislativa debido a que se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad. También señalaron su desempeño como abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), donde recibió respaldo institucional incluso después de haber sido condenado.

En el tramo final del comunicado, el Espacio por la Memoria del Cordón Industrial reclamó la aceleración de los juicios por delitos de lesa humanidad que aún permanecen pendientes y reiteró el pedido de esclarecimiento sobre el destino de las personas desaparecidas durante la última dictadura.

“No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos”, expresaron desde la organización, al tiempo que renovaron la consigna histórica de memoria, verdad y justicia a cincuenta años del golpe de Estado de 1976.