Se trata de Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes hasta ahora se desempeñaban como veedores del proceso.

La resolución, firmada por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, señala que la empresa no tiene caja, acumula una deuda posconcursal de más de $30.000 millones, y sus principales plantas industriales fueron cerradas por decisión de sus directivos.

"La justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores", señala el magistrado en el fallo.

La intervención fue dispuesta en los términos del artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras y busca evitar la “aniquilación total de la actividad productiva” y proteger “una empresa económicamente viable”.

La resolución fija tres objetivos centrales: prevención del daño en curso, protección efectiva de la empresa y anticipación ante una eventual quiebra liquidativa.

El juez también dictó una medida inhibitoria anticautelar, ordenando que ningún proveedor podrá cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte. Incluso ordenó el restablecimiento de los que ya hayan sido interrumpidos.

La medida también alcanza a organismos estatales como ARCA y gobiernos municipales, aunque no impide el inicio de ejecuciones, sí suspende medidas cautelares que afecten el giro operativo.

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