La decisión se implementa desde el 24 de enero en las calles de la ciudad y tiene como objetivo reunir un número importante de rubricas para que Granadero Baigorria manifieste su disconformidad ante la forma en que se aumento la Tasa General de Inmueble (TGI) en la ciudad. “Creemos que con la presión de la gente y un pedido escrito los concejales se verán obligados a tratar el tema nuevamente” explico Da ponte.

El representante de la Coalición Cívica ARI afirmó que la sorpresa fue muy desagradable para “los vecinos que recibieron sus boletas con un aumento desmedido y de hasta un 1000 por ciento en algunos casos” .En este sentido sostuvo que “es necesario modificar la Ordenanza 4755/14 aprobada a puertas cerradas en sesión extraordinaria y a espaladas del pueblo”.

Cabe señalar que el incremento de la TGI debe ser tratado anualmente por el Concejo Deliberante en forma anual, según establece la ley, y él es el único cuerpo que establecerá el porcentaje que se aplicará. Mientras que en Baigorria la potestad de aplicarlo es de exclusividad del Ejecutivo gracias al permiso otorgado por los ediles oficialistas según un artículo especial incluido en la nueva reglamentación.

La abusividad de la medida aplicada en la ciudad hará” que muchos vecinos se vean imposibilitados de pagar sus impuestos y correrán el riesgo de que sus viviendas sean rematadas” sostuvo Da Ponte y anticipó que el panorama que se viene es de “un pool para Ejecutores Fiscales”.

Las tasas, derechos y sus mínimos serán actualizados, por el DEM, semestralmente mediante un coeficiente de ajuste y control compuesto por tres variables, a saber: a) las remuneraciones a la categoría 15 del escalafón municipal; b) el precio oficial del Gas Oil; c) el Índice del Costo de la Construcción de la provincia de Santa Fe (ICC). Cada uno de los cuales incide en la formación del coeficiente en un porcentaje determinado (60%, 10% y 30% respectivamente). Si el incremento determinado por el coeficiente resultare insuficiente, queda facultado el DEM previa evaluación económica/financiera, a actualizar los importes de tasas, derechos y sus mínimos.

Pero “es necesario informar a la población de la abusividad de la medida que se aplica gracias a la potestad que el concejo le otorgo a la municipalidad” explico el concejal arista y agrego “debemos juntar muchas firmas y hacernos presentes en el recinto para exigir un tratamiento serio, responsable, popular y transparente”.

Por Vanesa Montenegro