La intendencia de Granadero Baigorria intimó a Pablo Benzadón, propietario de la finca La Calamita, donde funcionó un centro clandestino de detención de personas desde finales de 1975 hasta mediados del 78 en nuestra ciudad, de calle Eva Perón (ex Córdoba) 1530, para que desaloje del predio un depósito de garrafas de gas.

A través de un oficio el juez Marcelo Bailaque, responsable del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, le solicitó al municipio baigorriense que clausure el posible emprendiendo comercial en La Calamita, porque en el lugar pesa una medida cautelar de no innovar dictada hace dos años.

“Hemos constatado que no hay ninguna actividad comercial, por eso no se puede clausurar”, comentó a El Urbano Digital el secretario de Gobierno de la municipalidad, Adrián Playa. “Lo que si vimos es que existe un depósito de garrafas donde se las acopia y se las repinta. Es por eso que hemos intimado a los moradores del predio a que saque las tubos y todo elemento de que se utilice para las labores en el sitio”, agregó el funcionario.

La intimidación oficial no se pudo hacer efectiva porque, según dijeron desde la comuna de Baigorria, “no se ha encontrado a nadie durante las visitas hechas a la finca”. “Estamos yendo desde la semana pasada de manera continua a llevar la intimación con inspectores municipales, pero no hay nadie en el sitio”, comentó Playa.

La finca La Calamita sigue siendo propiedad de la familia rosarina Benzadón, que en 1975 alquilara el predio a Antonio Rodenas y Natalio Wainstein, presidente y vice de Rosario Central de aquellos años. La dupla directiva “canalla” le cedió La Calamita al Segundo Cuerpo de Ejército para se convirtiera en unos de los centros de detención de personas que funcionó en el Gran Rosario durante la última dictadura cívico – militar.

La Memoria de los más de 100 compañeros que fueron detenidos, torturas y desaparecidos en el lugar, ya se había mancillado cuando, denunciado por éste medio, se supo de la presencia de una molienda de plástico en el 2008 o una doma de caballos en el 2006.

Es de recordar que desde hace más de una década, militantes sociales y de derechos humanos de la ciudad y la región vienen solicitando la expropiación del predio para convertirlo en Museo de la Memoria. El tema fue abordado por la legislatura santafesina, pero hasta el momento sólo se ha logrado que no pierda estado parlamentario año tras año, sin resolver el futuro del sitio.

El 13 de noviembre de 2003 la expropiación se convirtió en la ley 12192, pero el entonces gobernador Jorge Obeid dejó pasar el tiempo estipulado para la ejecución de la norma. Desde entonces, la diputada provincial Alicia Gutiérrez tomó el tema. Ahora, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales pero no tiene fecha de tratamiento.

Hace un mes, la diputada provincial del Frente para la Victoria, oriunda de Granadero Baigorria, Érika Gonnet volvió a poner el tema de la compra de La Calamita por parte del Gobierno santafesino en la agenda diaria, cuando con alumnos de segundo y tercer año de escuelas secundarias de la ciudad, Escuela Media 422 y Escuela Técnica 550, llevaron el pedido en la jornada “Diputados por un día”. Los pibes rescataron el valor histórico del espacio y la necesidad de preservarlo para las generaciones futuras.

La Calamita, una ruinosa finca en la zona rural de Baigorria, estuvo bajo la órbita del Batallón 121 del Segundo Cuerpo del Ejército. En los juicios llevados adelante por los Tribunales Federales rosarinos, en las causas Guerrieri I y Guerrieri II, la propiedad es citada como uno de los principales centros ilegales que funcionaron en el Gran Rosario en la última dictadura militar.

Durante el desarrollo de los juicios se realizó en La Calamita el reconocimiento del lugar y solicitó al Equipo de Antropología Forense buscar restos óseos en un reducido espacio. “Queda aún mucho por investigar, por lo cual la justicia estableció una medida cautelar para que el predio se mantenga sin modificaciones y preservar las pruebas”, dicen en un comunicado desde Documenta Baigorria, el espacio de derechos humanos local que quedó a cargo del rescate histórico.