En este sentido, se presenta esta medida en la Corte Suprema de Justicia provincial, pidiendo la anulación en base a una serie de fundamentos. Uno de ellos es que el Decreto Nº 601 de Bonfatti, que sólo se conoció por los medios de comunicación ya que no fue publicado aún en el Boletín Oficial, invade la esfera de las atribuciones del Concejo y vulnera los derechos que tanto la Constitución provincial y nacional le reconocen a los municipios.

Además, dicho Decreto implica una intervención sobre el municipio ilícita (porque no se respeta la participación de la Legislatura provincial), y “fue promovida con fines políticos y discriminatorios”.

En el mismo sentido, un fundamento importante que se analizó y quedó plasmado en la argumentación es “el claro supuesto de violación de poder”, esto es ni más ni menos que anteponer la persecución política a lo institucional. De lo contrario deberían poder explicar por qué demoraron un año en querer intervenir.

Por otra parte, los concejales de Granadero Baigorria resolvieron ratificar la licencia dada al actual secretario de Transporte de la Nación y rechazar el decreto del gobernador considerándolo “un grave avasallamiento de la autonomía municipal”.
El Concejo estableció, en la sesión extraordinaria del viernes 12 de abril, la resolución 004/13, que en su primer artículo señala: “Ratifícase la licencia extraordinaria otorgada al Dr. Alejandro Ariel Ramos, en el marco de las Resoluciones Nº 003/2012, 058/2012 y 003/2013, mientras duren las razones que motivaron el otorgamiento de la misma”.

El presidente del Honorable Concejo Municipal, Adrián Playa, explicó: “Otorgamos una licencia en función de nuestra autonomía y facultades, y más allá del recambio de nombres, primero con Mario Rosales, y ahora con Romina Luciani; nunca estuvo en juego la institucionalidad”.

“Ratificamos nuestra facultad de otorgar la licencia porque fuimos votados por nuestro pueblo para hacerlo. La actitud del gobernador es avasallar la autonomía municipal, y este Concejo defenderá las instituciones de la ciudad”, indicó Playa.
Por último, Playa señaló que el rechazo a lo resuelto por el gobernador con el decreto 601 también requiere al Ejecutivo municipal “que ordene al servicio jurídico interponer las acciones administrativas y/o judiciales que se consideren procedentes contra el decreto 601/2013”.

Prensa Municipal