A dos meses de la asunción de las nuevas autoridades del Concejo Municipal, el cuerpo legislativo continúa sin resolver su situación administrativa y financiera. La autarquía votada en enero fue vetada por el Ejecutivo por presuntos errores técnicos, mientras concejales y trabajadores siguen sin percibir sus haberes desde diciembre, en un clima interno cada vez más tenso.

La declaración de autarquía del Concejo, aprobada el 8 de enero, fue vetada por el intendente Adrián Maglia, quien argumentó fallas técnicas en la redacción de la resolución. Según fuentes del Ejecutivo municipal, ese traspié es solo uno de varios problemas que impiden que el Legislativo pueda administrar de manera independiente sus recursos.

Entre las dificultades pendientes figuran trámites administrativos considerados esenciales, como la inscripción de empleados y concejales en organismos fiscales y previsionales —API e IAPOS, entre otros—, además de gestiones ya hechas ante el ARCA para la obtención del CUIT institucional del cuerpo. Asimismo es prioridad que el Concejo cuente con una cuenta bancaria.

Otro punto central es la falta de designación formal de un Habilitado, figura clave para la administración de fondos. De acuerdo a la normativa vigente, la presidencia del Concejo, el habilitado y la Secretaría Administrativa son responsables del manejo económico, pero sin ese cargo específico, desde el Ejecutivo sostienen que la Secretaría de Hacienda no puede girar partidas sin incumplir la ley, si todas las tramitaciones estarían culminadas de manera correcta.

La actual conducción del Concejo está encabezada por Gisela Da Ponte, tras un acuerdo político de los ediles opositores a la gestión de Adrián Maglia. Ellos son el vicepresidente Adrián Milo, con pasado en el peronismo kirchnerista; Antonella García, referente del Movimiento Evita; el concejal de La Libertad Avanza, Santiago Fontana; y la propia Da Ponte, representante de Unidos. Esta composición, única en la provincia, evidencia un acuerdo político amplio que, sin embargo, no ha logrado destrabar la cuestión administrativa.

En ese marco, fuentes legislativas señalaron que algunos planteos internos, entre ellos objeciones del concejal Fontana respecto a la creación del cargo de habilitado, habrían demorado aún más la puesta en marcha del esquema autárquico.

Desde adentro mismo de la Municipalidad afirman tener buena voluntad para que el Concejo administre sus fondos, pero alertan la faltante de procedimientos y a la vez volvieron a manifestar la poca transparencia de recursos económicos. "Esto le puede costar la presidencia a Da Ponte", aseguraron altos funcionarios comunales.

"Hay una inoperancia de los concejales a cargo y cuentas claras", manifestaron fuentes y no negaron iniciar medidas legales si se sigue procediendo de esa forma.

A dos meses el Concejo sigue detenido. Todos los concejales y personal administrativo siguen sin cobrar. Aunque no se haya manifestado aún se sabe que el malestar entre los pares cada vez es más tenso.