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Jueves, 29 Enero 2026

Algo huele mal en el Concejo de Baigorria

A 45 días de la nueva administración, la autonomía sigue en pausa, se filtraron anomalías en gastos de la presidencia y la salida al exterior de un concejal sin autorización

La presidencia del Concejo Municipal, a cargo de la oposición a la gestión de Adrián Maglia y liderada por la edila Gisela Da Ponte, aún está empantanada por la declaración de autonomía que el mismo cuerpo había votado el pasado 7 de enero.

Según fuentes consultadas, el veto a la autarquía y al manejo de los fondos que el mismo Maglia realizó el 20 de enero se debe a errores técnicos y jurídicos que Da Ponte, junto al vicepresidente del Concejo, Adrián Milo, y los ediles Antonella García y Santiago Fontana, cometieron al momento de confeccionar la resolución de autonomía y la ordenanza sobre los recursos económicos que el Municipio debería girar al cuerpo legislativo local.

En un off brindado para este medio, un alto funcionario comunal comentó que a los errores se suma la falta de otros trámites que la presidencia debe realizar para la plena autonomía. Estos van desde dar el alta en IAPOS a todos los empleados y concejales y el paso de los servicios del edificio legislativo a nombre del Concejo, hasta habilitar una cuenta bancaria para el manejo normal de los fondos.

Asimismo, el Concejo debería haber creado la figura de un "habilitado", quien sería el responsable legal del manejo de los fondos que transfiera el Municipio y, además, el encargado administrativo del pago de sueldos y gastos generales del Legislativo baigorriense. Este "habilitado" habría sido propuesto y votado en comisión, pero el libertario Santiago Fontana luego se habría negado para no crear otro puesto de trabajo.

A su vez, se supo que habría facturas que desde la presidencia se habrían pasado al Municipio para su pago que no corresponderían y que rozarían la malversación de fondos.

Otro dato que complica el tema es la salida al exterior del edil Fontana sin aval del Concejo. El legislador está de vacaciones en Brasil desde el 8 de enero sin autorización.