Días después de la asunción de Gisela Da Ponte como presidenta del Concejo Municipal, la edila fue convocada por la secretaria de Hacienda del Municipio, Silvina Aguilar, quien le comunicó una decisión que encendió las alarmas en el ámbito político local. A partir del 10 de diciembre, el Concejo debía comenzar a administrar sus propios fondos.

Según se le informó, en una cuenta bancaria se depositarían los salarios de los concejales y del personal político, y sería la propia presidenta del cuerpo legislativo quien debería encargarse de la liquidación de los sueldos.

Cualquier vecino podría preguntarse: ¿cómo es que el Concejo pasa a liquidar sus propios salarios recién ahora? ¿Cómo es que no lo hacía desde antes? Basta recorrer la historia institucional de la ciudad, desde el 10 de diciembre de 1983 —cuando se conformó el primer cuerpo deliberante tras la última dictadura cívico-militar— para advertir que esta situación nunca había ocurrido.

Volviendo a la propuesta del Ejecutivo, la explicación fue, palabras más, palabras menos, la siguiente: durante 42 años de funcionamiento del Concejo, el Municipio se hizo cargo de todo: los sueldos, el mantenimiento edilicio —tanto del actual inmueble en la vieja estación de trenes de Paganini como del anterior, en San Lorenzo y Rivadavia, donde funcionó el correo hasta mediados de los años 80—, los servicios, la limpieza y los gastos operativos en general. “Eso terminó el 10 de diciembre pasado”, fue el mensaje.

Aunque a primera vista podría parecer un avance hacia la autonomía, lo cierto es que durante más de cuatro décadas Baigorria estuvo —y está— en falta. El Poder Legislativo local nunca fue verdaderamente independiente del Ejecutivo, una situación contraria a los principios republicanos y a la división de poderes consagrada constitucionalmente. En la práctica, ese vínculo de dependencia funcionó muchas veces como un mecanismo de presión y disciplinamiento cuando el Concejo se mostraba díscolo. Salvo contadas excepciones, el parlamento local fue una mera escribanía de los intendentes de turno, desde José Horacio Monti hasta la actualidad.

¿Qué fue exactamente lo que le propuso la secretaria de Hacienda a la presidenta del Concejo y generó preocupación entre los ediles? En primer lugar, la apertura de una cuenta bancaria donde se depositarían los salarios de los siete concejales y seis funcionarios políticos, quedando Da Ponte como responsable de su liquidación. Nada más. Ni aportes jubilatorios ni cobertura de obra social, que —según trascendió— seguirían siendo afrontados por el Municipio.

Lo que no quedó claro es cómo se sostendría el funcionamiento integral del Concejo. Y aquí comienza el verdadero problema.

Según datos que este periodista ha podido corroborar, la propuesta del oficialismo consiste en transferir 30 millones de pesos a una cuenta administrada por la presidenta del cuerpo. Sin embargo, si se toma como referencia el presupuesto recientemente aprobado —tan promocionado semanas atrás—, al Concejo Municipal le correspondería el 5 % del total de los ingresos, es decir, unos 800 millones de pesos anuales, o aproximadamente 66 millones mensuales.

Con esos recursos, el Legislativo local podría funcionar de manera autónoma: pagar salarios, afrontar servicios, mantener la infraestructura y, algo inédito en su historia, contratar personal de planta permanente. Maestranza para el mantenimiento del edificio y el predio, profesionales para las tareas administrativas, contables y legales que el parlamento municipal demanda.

En 42 años de existencia, el Concejo nunca contó con personal estable que pudiera llevar un registro ordenado, cronológico y acorde de los procesos legislativos e institucionales del cuerpo.

No se trata de un detalle menor ni de una simple discusión de dinero. El manejo de los fondos es una cuestión política de profundidad: está en juego la independencia real de la asamblea popular baigorriense para legislar en favor de las mayorías.

El conflicto que se avecina radica en la urgencia con la que el Ejecutivo pretende el traspaso y en los tiempos que el Legislativo necesita para reglamentar, mediante ordenanzas, todo lo relativo a su autonomía. Desde la activación de un CUIT —del que se dice, como leyenda urbana, que existe pero nunca tuvo actividad—, la apertura de una cuenta bancaria con apoderados, la designación de un habilitado como nexo legal entre ambos poderes, hasta la contratación inmediata de un contador público para la liquidación de sueldos.

Se trata de pasos complejos y engorrosos, más aún en esta época del año, cuando el Concejo entra en receso y muchas dependencias estatales funcionan a media máquina.

Podría pensarse, con algo de optimismo, que el Ejecutivo local madurará políticamente, dejará de presionar y otorgará un plazo razonable para que el Concejo complete los trámites legales y administrativos necesarios para trabajar, por primera vez en la historia de Baigorria, de manera verdaderamente independiente. También podría suponerse que el Legislativo actuará con buena fe, sin caer en simplificaciones maniqueas de buenos y malos.

Lo cierto es que, si no hay acuerdo, está por comenzar un verdadero novelón político.
Y conviene advertirlo: la ciudadanía está cansada de egos desmedidos y de disputas palaciegas. Esas peleas no solo alejan a los vecinos de la política, sino que terminan abonando el terreno para los discursos más reaccionarios y autoritarios que hoy, lamentablemente, vuelven a ganar espacio.