Una fuerte controversia se generó en Granadero Baigorria tras la entrada en vigencia del decreto municipal 0717/25, que impide la venta de materiales de construcción a vecinos que residen en asentamientos informales. La norma, impulsada por el intendente Adrián Maglia, ya comenzó a aplicarse y obliga a los corralones a rechazar pedidos que provengan de las zonas afectadas.

El concejal Adrián Milo cuestionó duramente la decisión y reveló que los comercios ya fueron notificados: “Un proveedor fue interceptado por la policía cuando intentaba ingresar materiales a uno de los barrios. Si se menciona una dirección en las zonas irregulares, directamente rechazan la venta. Es una situación absurda”, sostuvo.

El decreto alcanza a los barrios Remanso Valerio, Espinillo, Caminito, Cañaveral, Virgen del Rocío y otras franjas habitacionales precarias. Se trata de comunidades con una larga historia de ocupación, algunas de ellas con fuerte identidad cultural y social.

Milo calificó la medida como unilateral y sin consenso: “No pasó por el Concejo Municipal, no hubo debate social ni político, y el intendente tampoco dio explicaciones. Están obligando a los corralones a discriminar entre vecinos. Es como decirle a un taxista que no levante pasajeros de ciertos barrios”.

Desde los sectores críticos señalan que la prohibición no resuelve el problema habitacional y, en cambio, profundiza la desigualdad. “Después de las tormentas fuertes, muchos vecinos intentan reparar lo poco que tienen. Negarles la posibilidad de comprar una bolsa de cemento solo genera más enojo y exclusión. Se sienten descartados”, advirtió el edil.

El único caso exceptuado parcialmente es el barrio Remanso Valerio, hoy vinculado a un plan de reurbanización dentro del proyecto del Parque de la Cabecera. Sin embargo, para el resto de las comunidades no existe ningún acompañamiento. “Están librados al azar”, lamentó Milo.

Finalmente, el concejal adelantó que desde el Concejo Municipal se analizan herramientas legales para frenar la medida. También instó a comerciantes y vecinos a organizarse: “Esto interpela a toda la sociedad civil. No podemos naturalizar que a un sector de la ciudad se lo condene a vivir en peores condiciones”.

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