La detención de Milagro Sala demuestra la voluntad del gobierno de Jujuy –en línea con el gobierno nacional- de quebrar la unidad y destruir a la principal organización social del pueblo jujeño: la Tupac Amaru.

La denegación de las solicitudes de excarcelación por parte del juez interviniente, la continuidad de su encarcelamiento constituye una violación de los fueros de Milagro Sala como diputada del Parlasur y un grosero desconocimiento del mismo. La situación se ve agravada por el hecho de que la dirigente social ha recibido vía mail una comunicación oficial de la presidencia del Parlasur que la convoca a la XXXVI Sesión Ordinaria del mismo, a realizarse el próximo 14 de Marzo, la primera a la que debe asistir como parlamentaria.

El gobierno de Morales, que responde a la burguesía y a los sectores políticos aliados, contiene un alto componente racista que acompaña al odio de clase. Le temen al desarrollo de la Tupac Amaru hacia la misma dirección en que lo hiciera Evo Morales en Bolivia. Saben que la influencia del proceso revolucionario boliviano potencia políticamente a la organización hermana Tupac Amaru; que el encuentro y la posible fusión del pensamiento revolucionario contemporáneo y la cultura de los pueblos originarios amenazan al sistema capitalista y oligárquico que desde siempre ha sometido a los trabajadores y pueblos originarios a un régimen de explotación con rasgos de semiesclavitud.
Les preocupa el alto nivel de desarrollo político, ideológico y cultural de vastos sectores del pueblo de Jujuy y de otras provincias de nuestro país, que se expresa en la construcción de viviendas, en el trabajo cooperativo y autogestionario, y en el avance de una cosmovisión basada en la idea del buen vivir, antagónica al feroz individualismo de la clase dominante y sus aliados.

El empecinamiento en mantener la detención de Milagro Sala, sin que existan cargos que justifiquen la denegatoria de la excarcelación, la pretensión de agregar nuevas acusaciones con el fin de impedir su libertad, y la feroz campaña calumniosa y demonizadora desatada por los medios contra esta dirigente y su organización, revela que no se trata de una “causa judicial”, sino de una persecución política orquestada por la clase dominante y los partidos que responden a la misma, a la que se han sumado con un entusiasmo digno de mejor causa ex luchadores (Perro Santillán, Castells, Tumini, etc.), a quienes parece no preocuparles ser funcionales al gobierno derechista de Mauricio Macri.

Como señala Alain Rouquié con referencia a la legitimidad de los gobiernos populares, “en cada sociedad latinoamericana, en función de sus estructuras e historia, existen umbrales variables de intolerancia de los grupos dominantes y de los dominios reservados independientes en los cuáles la intrusión del poder público no es aceptada. Cualquier política que afecte estas zonas sensibles acarrea la ilegitimidad del gobierno que la ha promovido ; generalmente todo lo que afecta la verticalidad de las relaciones sociales es considerado subversivo e inaceptable para los beneficiarios del statu quo. Relaciones horizontales entre pares, y la organización libre de las clases populares pueden bastar para descalificar al gobierno que las ha tolerado” (Rouquié, Alain, “América Latina. Introducción al Extremo Occidente, Editorial Siglo XXI, p. 114).

En el contexto de una sociedad conservadora como la jujeña, es intolerable para la clase dominante y gran parte de los sectores medios, que existan organizaciones libres del pueblo que acumulen poder autónomo, que se organicen en forma independiente para construir no sólo viviendas, sino fábricas textiles, centros de salud, centros culturales, escuelas primarias, medias y terciarias. Resulta intolerable que miles de jujeños que hasta hace muy poco tiempo reclamaban alimentos, planes sociales y trabajo dependiente y precario a las clases propietarias, hoy puedan demostrar que es posible trabajar en cooperativas, es decir a través de relaciones horizontales, entre pares; y que sean capaces de construir sus propias organizaciones sociales y políticas, llegando incluso a presentarse a elecciones con un frente político propio, y hayan logrado la elección de legisladores provinciales.
Por eso Morales se refiere a un “estado paralelo”, en claro reconocimiento que es el poder social y político acumulado por las organizaciones populares lo que le preocupa.

Al mejor estilo fascista, primero hace detener a Milagro Sala por acciones que en el peor de los casos podrían encuadrarse en contravenciones; y ha mantenido su encarcelamiento violando el Código Procesal Penal de la Provincia por cuanto el plazo para resolverla se encontraba vencido, mientras iba armando nuevos cargos y una insostenible acusación de “asociación ilícita” con el fin de mantener la privación de la libertad. Ha ampliado los miembros de la Corte Suprema de Jujuy, incorporando a dos legisladores que votaron dicha ampliación, demostrando que la justicia de esta Provincia está muy lejos de ser “independiente”. A ello se suman las declaraciones extorsivas del Dr. Miranda, abogado de la Provincia, respecto a que “se mantendrá la detención hasta que se levante el acampe”.

Milagro Sala es una presa política en democracia; es una rehén de la clase dominante jujeña y de su representante en el gobierno, empeñados en destruir la más importante construcción social, política y cultural realizada durante la última década por los sectores populares en el Noroeste. Para que Jujuy vuelva a sus “tradiciones”: la semiesclavitud, la servidumbre , la negación de la propia identidad étnica y cultural y la aceptación incondicional de la nueva política de colonización de las organizaciones populares. Disipada la amenaza del “poder paralelo”, el gobernador podrá imponer tranquilamente su política social de restauración de las relaciones asimétricas propias del dominio oligárquico, lo que constituye una zona sensible –al decir de Rouquié- que ningún gobierno que pretenda ser legitimado por los dueños del poder económico puede modificar.

Esta violación de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos se inscribe en el contexto de la ofensiva del gobierno macrista contra los trabajadores, que se expresa en la cesantía de miles de trabajadores estatales, en los miles de despidos en el sector privado, alentados por la nula actuación del Ministerio de Trabajo, en la feroz devaluación, la apertura de las importaciones, la eliminación de retenciones a los exportadores y a la burguesía agraria, a las empresas mineras e industriales, hace imprescindible la unidad en la acción de las organizaciones políticas, sindicales y sociales para exigir la libertad de Milagro Sala, la reincorporación de todos los trabajadores estatales cesanteados y el cambio sustancial del rumbo económico emprendido por el gobierno actual.