“Es una ley que atrasa porque es contraria a la garantía y derechos de lo que dice la Constitución. Es una ley que atrasa porque le quita derechos a la gente, los ciudadanos quedan desprotegidos y blinda a los funcionarios de su responsabilidad civil”, aseguró el senador nacional del socialismo Rubén Giustiniani al fundamentar su voto en contra.

Giustiniani advirtió que en los efectos prácticos, por ejemplo, ante una tragedia como la que ocurrió en Salta 2141 los damnificados no podrían iniciar acciones civiles contra el Estado porque la normativa en su artículo 6 exime el Estado Nacional de la responsabilidad por la actuación de los concesionarios de servicios públicos, en este caso Litoral Gas. El senador aclaró que los efectos de esta ley no son retroactivos.

Concretamente, en su artículo 6 se excluye al Estado del deber de indemnizar –aún de forma subsidiaria- frente a los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos. “Esto resulta a todas luces inadmisible; el Estado no puede eximirse de los deberes de vigilancia y control sobre las concesiones de servicios públicos. En especial, siendo que en su propia estructura organizativa cuenta con entes de control específicos, que fueron creados expresamente para cumplir ese cometido”, señaló Giustiniani.