El 26 de septiembre de 1907, se aprobó la ley 5.291, que reglamentó de manera revolucionaria el trabajo de mujeres y niños. El autor de aquella iniciativa fue el diputado socialista Alfredo Palacios.

“Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho impostergable a una infancia con igualdad de oportunidades, tienen derecho a nacer y vivir en hogares con acceso a adecuadas condiciones de alimentación, salud, educación, vestimenta y vivienda y con derecho a un entorno apropiado para el juego, la recreación y el aprendizaje.

Los socialistas hemos trabajo siempre en este sentido, han pasado 106 años desde que Alfredo Palacios diera el punta pie inicial para terminar con el trabajo infantil sin embargo la problemática sigue vigente”, sostuvo Giustiniani.

La norma aprobada por la Cámara alta establece de uno a cuatro años de prisión al “que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importe un delito más grave”.

Además, el texto señala que “quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, y que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta descripta”