Si bien España había prohibido la exportación de biodiesel desde la Argentina como represalia por la expropiación de Repsol-YPF, finalmente entendió que no era un beneficio trabar el ingreso porque esto iba a tener una incidencia negativa en el precio de los combustibles en su país.

Así lo advierte la norma que deja sin efecto la Orden Ministerial que había prohibido la llegada del biocombustible a España y que fuera anunciada una semana después de que el gobierno argentino determinara al expropiación de Repsol del 51% de YPF, en abril pasado.

Tras el Consejo de Ministros en el que se estudió la norma, la propia vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, inscribió la medida en las acciones del Ejecutivo en contra de la decisión del gobierno argentino.

Ahora,el ministerio de Industria español argumentó que su aplicación "puede tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles en un momento, como el presente, en el que estos alcanzan máximos históricos". Fundamentó así la decisión de "dejar sin efecto" la asignación de cuotas dispuesta en abril pasado.

Tras la aprobación de la norma de protección del biodiesel nacional, el gobierno español disponía de seis meses para publicar la asignación de cuotas a los productores comunitarios. Este plazo iba a concluir el próximo 22 de octubre, pero hoy se dejó sin efecto.

Ahora, los afectados disponen de un mes para presentar ante Industria un recurso administrativo de reposición, así como de dos meses en caso de que quieran recurrir la decisión del Gobierno ante un tribunal contencioso-administrativo.

La orden de protección del biodiesel buscaba apoyar a las operaciones de refino del biocarburante por parte de las empresas españolas y comunitarias, mediante la asignación de cuotas.

La medida limitó las importaciones de biodiesel argentino, cuyo valor ascendió el año pasado a 750 millones de euros.
En total, España compró 719.473 toneladas del biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas.

El sector del biodiesel ya había pedido en reiteradas ocasiones la aprobación de una norma de protección de la producción nacional que permitiera a las plantas españolas de procesamiento volver a la actividad.

la Ley 26.741 de nacionalización de YPF fue aprobada en mayo de este año por amplia mayoría en el Congreso de la Nación. A partir de la expropiación, las acciones de YPF se repartieron entre Estado (26,03%), el Grupo Petersen de la familia Eskenazy (25,46%), las provincias petroleras (24,99 %), Repsol (6,43%) y el 17 por ciento continua cotizando en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.