Desde principio de 1976 hasta mediados de 1978, como se desprende de los juicios llevados adelante por la Justicia Federal en la ciudad de Rosario y del relato de vecinos, en Eva Perón (ex calle Córdoba) 1530 de Granadero Baigorria funcionó el centro clandestino de detención (CCD) de personas llamado "La Calamita". En el lugar, hoy ubicado en el barrio Industrial —pero que hasta entrada la década del ‘80 estaba en medio de la ruralidad baigorriense—, se estima que más de una centena de militantes populares fueron detenidos ilegalmente, en su mayoría aún hoy desaparecidos.

La Calamita integra la lista de los 340 CCD que funcionaron en el país durante la última dictadura cívico-militar. La misma estuvo bajo la órbita del Segundo Cuerpo del Ejército, a cargo de Ramón Genaro Díaz Bessone desde septiembre de 1975 hasta octubre del ‘76, y luego de Leopoldo Fortunato Galtieri. La Calamita fue el centro clandestino de mayor tamaño del Gran Rosario por su disposición geográfica y logística, su amplio sistema de comunicación y seguridad.

En 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que había comenzado a funcionar a días de asumir el ex presidente Raúl Alfonsín, visitó Baigorria para iniciar las investigaciones de la finca "La Calamita". Fue la CONADEP la que aseveró los hechos en el lugar y lo incorporó al informe con el cual se llevó adelante, al año siguiente, el histórico "Juicio a las Juntas", que condenó a la cúpula militar que ejerció el Poder Ejecutivo del país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983 por crímenes de lesa humanidad.

El legajo 6692 de la CONADEP nombra a la “quinta operacional de Granadero Baigorria” denominada La Calamita en la desaparición de Héctor Pedro (“El Tío”) Retamar, militante del Movimiento Villero de extracción peronista, secuestrado el 21 de mayo de 1977.

A su vez, en 1986 el ex agente de inteligencia militar Gustavo Francisco Bueno, quien utilizaba el alias “Germán Benegas”, aportó mayores datos sobre el lugar. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo entrevistó ese año, oportunidad en la que relató detalles de los centros clandestinos del Gran Rosario y de los grupos de tareas que integraban las patotas que secuestraban, torturaban y desaparecían militantes políticos y sociales.

En 2009, Bueno fue detenido por Interpol en Brasil al tener captura internacional por delitos de lesa humanidad. Hasta Belém, capital del estado de Pará, viajaron integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario en el marco de la causa Guerrieri, en septiembre de ese año, para que ampliara su declaración realizada más de 25 años antes.

El juez Otmar Paulucci y su secretario Osvaldo Facciano, junto a la fiscal Mabel Colalongo, las abogadas querellantes Ana Oberlin y Virginia Blando, y el defensor Germán Artola participaron de la audiencia. También estuvo presente la cónsul argentina en Belém, María Margarita Ahumada.

Bueno declaró ante el CELS: “Fui del Destacamento de Inteligencia del Ejército 121 de Rosario, con grado al retirarme en 1979 de IN 13, del cuadro C3 del escalafón inteligencia. En octubre de 1979 tuve que dejar mi puesto de trabajo porque iba a ser ejecutado por orden del teniente coronel Oscar Pascual Guerrieri”.

Además de Gustavo Bueno, otros agentes de inteligencia del Ejército pasaron por La Calamita. Entre los identificados y condenados por la Justicia estuvieron:

Walter Pagano (alias “Sergio Paz”, “Wenceslao” o “Sergio II”), condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Juan Andrés Cabrera, alias “el Barba”, condenado a 25 años de prisión. Entre sus crímenes se encuentra el asesinato del militante comunista Oscar “Tito” Messiez.

Rodolfo Isach, alias “Agustín”, ex comisario de la Policía de Santa Fe, procesado por múltiples delitos de lesa humanidad. Estuvo prófugo hasta 2012 y fue uno de los acusados en el juicio Guerrieri III.

Carlos Isach, hermano del anterior, continúa prófugo de la Justicia.

Juan Daniel Amelong, alias “Teniente Daniel”, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad.

Eduardo “Tucu” Costanzo, quien confesó y denunció a sus ex compañeros, también fue condenado a prisión perpetua.

Ariel Zenón Porra, Carlos Sfulcini, Rubén Alcuri, Francisco Scilabra, Ariel López, Alberto Pelliza, Ricardo Rodríguez, Juan Carlos Bossi, Mario Vera, Jorge Pérez Blanco, Marino González, Joaquín Gurrera, Jorge Fariña y Pascual Guerrieri integraron también el aparato represivo, muchos de ellos condenados en distintas instancias judiciales.

Antes del horror

La Calamita fue, antes de convertirse en un espacio de muerte y represión, un lugar central en la vida de aquel pequeño pueblo en formación.

A fines del siglo XIX, el gobernador José Gálvez autorizó al escribano Lisandro Paganini a trazar el pueblo que llevaría su nombre hasta 1950, cuando pasó a denominarse Granadero Baigorria.

En la década de 1910, el inmigrante español Juan Sala era propietario de los campos donde hoy se ubican los barrios Martín Fierro e Industrial. Allí desarrolló una intensa actividad productiva con frutales, olivares, flores y vides. El casco de esa estancia sería luego el edificio conocido como La Calamita.

Sala también tuvo un rol político destacado, siendo jefe comunal entre 1928 y 1935, hasta fallecer en su cargo, impulsando obras como la Iglesia San Pedro, la Escuela 127 y la forestación urbana.

Con el tiempo, la propiedad fue fraccionada y vendida. A mediados del siglo XX, el italiano Ángelo Antonio La Calamita adquirió el predio, dedicándose a la producción vitivinícola y creando la bebida “Hidromiel Pontón”.

En 1969, La Calamita vendió el campo a la firma Raúl Benzadón S.A.C.I. Posteriormente, el lugar tuvo usos diversos hasta que en 1975 fue alquilado y cedido al Segundo Cuerpo del Ejército, transformándose en uno de los principales centros clandestinos de detención de la región.